por Redacción
Retirados de la Policía de Río Negro volvieron a pedir que el Gobierno provincial y la Legislatura den tratamiento a un proyecto de negociación colectiva para el personal policial y penitenciario. La iniciativa busca abrir un ámbito específico para discutir salarios y condiciones de trabajo, con participación de representantes elegidos por los propios agentes.
La propuesta, denominada Régimen Profesional de Negociación Colectiva, fue presentada el 29 de julio mediante notas dirigidas al gobernador Alberto Weretilneck y a cada integrante de la Legislatura. Según los impulsores, hubo contactos iniciales con referentes parlamentarios, pero desde entonces el expediente sigue sin avances.
El proyecto propone crear una Mesa de Diálogo y Consenso con representantes ministeriales, de la Jefatura de Policía, del Servicio Penitenciario y del área de Economía. También prevé la participación de delegados elegidos por el personal, que llevarían a ese ámbito los planteos salariales y laborales del sector.

La iniciativa excluye expresamente la huelga y otras medidas de fuerza para mantener la prestación de los servicios de seguridad. «Este proyecto no afecta para nada la cuestión operativa de la institución», explicó Emanuel Avilés, uno de los promotores de la propuesta, en diálogo con FM de la Costa.
Avilés señaló que la falta de avances llevó a los retirados a hacer público el pedido. «No hemos recibido ningún tipo de contestación y por eso tenemos la necesidad de hacer esto público y poner en agenda política esta situación», afirmó.
El referente también sostuvo que la propuesta toma como referencia pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, sus impulsores buscan que esos antecedentes sirvan de base para debatir cómo se representa al personal policial y penitenciario en las negociaciones laborales.
Avilés vinculó la falta de respuesta con el escenario electoral de 2027 y advirtió que el oficialismo podría pagar un costo político si la iniciativa queda sin tratamiento. «Si el Gobierno no toma este proyecto, le va a jugar en contra políticamente para el próximo año electivo», sostuvo.
A más de tres meses de la presentación, los retirados insisten en que la Legislatura abra el debate. El pedido inmediato es que se discuta la creación de una mesa en la que el personal policial y penitenciario pueda plantear sus reclamos salariales y laborales ante el Ejecutivo provincial.